Por Juan Alonso Romero
LA CARPETA
De la existencia de una carpeta de investigación penal en Tuxpan, por parte de la Fiscalía del estado, era del conocimiento de los habitantes de ese municipio, como del estado, desde hace ya muchos meses. Sobre este tema que se manejó bastante en los medios, hubo todo tipo de comentarios y opiniones, sobre este caso, respecto a su presidente municipal José Luis Tovar Ruvalcaba.
Antes de su toma de posesión nos enteramos, que en la votación había obtenido el 36.7% del total de votos emitidos, recibiendo 4050 votos, un total de 11,027, y todo se veía bien.
RUMORES Y CONFLICTOS
En poco tiempo, empezaron los rumores locales y al interior del mismo Cabildo, e incluso del equipo de funcionarios y trabajadores del municipio. Eso fueron en un principio y luego se extendieron por la zona norte y más tarde por todo el estado. Luego se abrió una investigación por parte de la fiscalía, donde propios y extraños empezaron a conocer la causa sobre esos comentarios.
LA CAUSA
La Fiscalía tuvo conocimiento que el presidente municipal de Tuxpan, entre el 17 de septiembre de 2021, había autorizado de manera ilegal – indebida -, transferencias bancarias por 2 millones 500 mil pesos del erario – de los fondos –municipal a noventa y seis -96 – empleados municipales. Por concepto de estímulos, compensaciones extraordinarias y otras supuestas prestaciones. Pidiéndoles a los que habían recibido ese recurso, que se lo regresaran a él en efectivo.
LOS DELITOS
Se le han tipificado en su contra, derivado de las investigaciones, dos delitos.
*Ejercicio indebido de funciones.
*Y Peculado.
Entendemos que, en el inicio de esta causa, el acusado se defendió mediante alguna protección provisional de la justicia, como pudo haber sido un amparo.
FINALMENTE
Finalmente, el Alcalde ha sido detenido por la Fiscalía del estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión, dictado por un juez. Estando actualmente detenido y a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio Oral. Apareciendo en el expediente de su causa, como José Luis “N”.
Debe de quedar muy claro para todo mundo, que esta de ninguna manera, es la clásica “nota roja”. No, porque está muy ligada a analizar el correcto ejercicio de la función pública, en los municipios, y a partir de ellos, en todos los ámbitos oficiales.
DE ACUERDO
De acuerdo con el debido proceso, él tiene varios derechos a su favor.
Conocer quien lo acusa.
Y de que se le acusa.
Para poder defenderse por sí o por sus abogados.
Existiendo su presunta inocencia, hasta que no haya una sentencia firme de juez competente, que declare su responsabilidad.
LA MODERNIDAD
Todo el que se mete a trabajar en la vida pública, debe de saber que no existe ningún acuerdo, decreto o ley, que autorice a los funcionarios públicos a disponer de los bienes que maneja a nombre de la federación, el estado o el municipio. La modernidad exige por acuerdos internacionales y disposiciones de las constituciones actuales, modernas, que la vida pública debe de tener estas reglas.
Transparencia.
Rendición de cuentas.
Auditoria oficial y ciudadana.
Acceso a la información.
En cuyo no cumplimiento, están las leyes penales, para sancionar cualquier acción u omisión, que viole a algunos o a varios de estos principios. Esta exigencia es totalmente legal. Este formato de las democracias modernas, se conoce como de los Gobiernos Abiertos. Estos aspectos de la vida pública, competen al ámbito de la misma constitución. Pues en la misma toma de protesta de los funcionarios públicos, todos sin excepción, juran cumplir y hacer cumplir a la constitución y a las leyes que de ella emanen. Es decir, a todas las leyes, incluidas desde luego, las sancionadoras o penales.